La entrada en vigencia de esta ley representa un profundo cambio en la relación entre el Estado y las personas, estableciendo como deber de las autoridades y los funcionarios públicos (que tengan la calidad de “sujetos pasivos”), el registrar y dar publicidad a :
Las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública, los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario.
El nuevo articulado comienza a regir, a partir del 28 de agosto de 2015 para: Consejeros regionales, alcaldes, concejales, Secretarios ejecutivos de los Consejos Regionales, Directores de Obras municipales y Secretarios municipales.
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