El 8 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, constituyéndose en un gran avance para suministrar a la actividad pública herramientas que hagan más transparente su ejercicio.

La entrada en vigencia de esta ley representa un profundo cambio en la relación entre el Estado y las personas, estableciendo como deber de las autoridades y los funcionarios públicos (que tengan la calidad de “sujetos pasivos”), el registrar y dar publicidad a:

Las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública, los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario.

El nuevo articulado comienza a regir, a partir del 28 de agosto de 2015 para: Consejeros regionales, alcaldes, concejales, Secretarios ejecutivos de los Consejos Regionales, Directores de Obras municipales y Secretarios municipales.

Para obtener mayor información, se puede visitar el siguiente sitio haciendo Click Aqui.